Los concejales de Armenia fueron quienes aprobaron el proyecto de las obras que se harían en la ciudad a través de la contribución de valorización. Eso ocurrió el 23 de octubre de 2014, cuando a través del Acuerdo 020 se aprobó el cobro por la ruta de la valorización. Para ese entonces, los periodistas fuimos asediados por una buena cantidad de rumores sobre la forma como se había, presuntamente, pagado en dinero efectivo a muchos de los cabildantes de Armenia su aprobación del acuerdo respectivo.

Como es evidente, un periodismo serio, mientras no tenga las pruebas suficientes, debe de guardar prudencia, lo que se traduce en silencio. A nuestros informantes les pedimos pruebas, documentos, vídeos, audios, fotos, testigos, donde se evidenciaran estos pagos. Nada se pudo comprobar y, por tanto, todo se quedó en los rumores de pasillo, en los tintos de las cafeterías de la plaza Bolívar y en las esquinas de La Calle Real.

Sin embargo, tras el destape que prodigó el contratista de esas obras de valorización, el señor Fernando León Diez Cardona en sus declaraciones ante la Fiscalía en Medellín, y los relatos que hizo el sábado pasado en Armenia el fiscal General Néstor Humberto Martínez, es muy factible pensar que aquellos rumores de la presunta ‘compra’ de varios concejales para que aprobaran el acuerdo de valorización, se convierta en una verdad que está por destaparse.

Adicionalmente, el año siguiente a la aprobación del Acuerdo 020, y en plena vigencia de la campaña política para elegir alcaldes, concejales, diputados y gobernador, en junio de 2015, se adjudicó el primer contrato de obras de valorización al consorcio Diez-Moreno, el 012, por $30.807 millones. Y ya elegidos concejales, alcaldes, diputados y gobernador, se hizo el segundo contrato, en diciembre de 2015, el contrato 031 por $80.000 millones, que incluía siete obras más, de las cuales solo una se ejecuta en la actualidad, avenida Montecarlo, tramo III.

De manera que, como lo dijo el fiscal General de la Nación, las ‘coimas’ se anticiparon y “hay grandes indicios de que los dineros de la defraudación, entre $14.000 y $22.000 millones fueron invertidos en campañas políticas”, se puede inducir que es muy posible que aquel rumor de la corrupción de concejales para aprobar el acuerdo, sea verdad.

El escándalo de corrupción por las obras de valorización en Armenia acaba de pasar la segunda fase. La primera fue la detención de los cinco contratistas en Medellín. La segunda ocurrió el fin de semana último con la detención de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco, su esposo Francisco Javier Valencia Salazar y cinco colaboradores del gobierno anterior. Vendrán dos o tres fases más, donde veremos otras personas implicadas en el mismo asunto, quienes tendrán que responder también por sus actuaciones, porque este tipo de actos delincuenciales toca muchas fibras. No podemos olvidar que los concejales son fundamentales para la aprobación final de los acuerdos que se convierten luego en ejecuciones de los alcaldes.

No olvidemos que esta semana, luego de la suspensión de la audiencia de imputación de cargos a las siete personas retenidas, será crucial para los acuerdos de los implicados con la Fiscalía, en el sentido de que se acojan a los cargos, primero, y de que colaboren con la justicia. Si deciden colaborar, tendrán que revelar quienes más intervinieron directa o indirectamente en este concierto para delinquir, y quienes se eligieron, en las campañas políticas, con estos dineros de la corrupción.