El gobierno municipal debería de explorar la posibilidad de cancelar o dar por terminados los contratos que firmó para las obras de valorización en Armenia, tras la penosa circunstancia en que se encuentra este proceso, con todos los contratistas en la cárcel, además de los funcionarios públicos que los firmaron y gestionaron.

Se trata de los contratos 012 y 031 del año 2015, el primero comprometió $30.000 millones y el segundo $80.000 millones. Del primero, se ejecutaron 3 obras: glorieta Los kioscos, refacción de la vía avenida Centenario y el deprimido del parque de la Constitución. Una obra adicional, el ordenador y complementarios de la estación del Ferrocarril, no se ha realizado. Del segundo contrato, donde hay ocho obras, solo se empezaron dos: avenida Montecarlo fase II y conexión vial Portal del Quindío, avenida Centenario. Esta última está paralizada con avances del 10%. La avenida Montecarlo se ha ejecutado en menos del 50%.

Estas obras tienen el peligro de no ejecutarse, pues como se ha explicado ampliamente, la proyección financiera quedó mal hecha, los recaudos han sido insuficientes, y parte del dinero para las obras fue a parar a bolsillos particulares, por lo que la Fiscalía tiene detenidas a 12 personas, incluyendo 5 contratistas y 6 exfuncionarios, donde se halla la exalcaldesa Luz Piedad Valencia, además del cónyuge de esta Francisco Valencia Salazar.

Así las cosas, lo que hay es un incumplimiento evidente del contrato. Del primero, el 012, falta una de las cuatro obras; del segundo, el 031, faltan todas, y de ocho obras solo se han empezado dos, y sus avances son mínimos, con suspensión de labores en una de ellas. Como no se contrataron por separadas cada una, sino que se hicieron en dos paquetes, es decir, dos contratos, el incumplimiento es evidente. 

La alcaldía debería de tener ya el estudio jurídico pertinente para cancelar los dos contratos, hacer las liquidaciones correspondientes, tramitar las pólizas de cumplimientos y volver a empezar los procesos. Aún hay tiempo para dejar la casa arreglada. Con los contratos liquidados, sabiendo cuál es el dinero con el que se cuenta, cobrando las pólizas de cumplimiento, reprogramando la proyección financiera, se puede sacar a licitación obra por obra, unas para ser terminadas, otras para ser ejecutadas en su totalidad, en un proceso transparente. Si se le quitan las cargas de sobrecostos y coimas, y se reprograman adecuadamente, con un razonable estudio financiero, esas obras se pueden hacer. 

Es una lástima que el empréstito que el alcalde pidió por $70.000 millones no hubiera ido a salvar el gran proyecto de 12 obras de valorización. Sin embargo, todavía estamos a tiempo. Y el inicio de la nueva era para estas obras está en la cancelación de los contratos 012 y 031 de 2015, hacer la liquidación, pedir el cumplimiento de las pólizas y volver a realizar las licitaciones, esta vez, una por una cada obra, con transparencia, sin sobrecostos y sin pedir coima. La transparencia en el ejercicio público no hay que pregonarla, hay que demostrarla con hechos concretos.