El Tribunal Superior de Armenia ordenó devolver el expediente que ordena el arresto de tres días al gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio y al alcalde de Armenia Óscar Castellanos, al considerar que no tiene la notificación respectiva a los dos implicados, situación que trasgrede su derecho a la defensa judicial.

El pronunciamiento lo hizo el Tribunal el pasado viernes, tras recibir y estudiar el incidente de desacato promovido por el ingeniero Ramón Jairo Gómez contra gobernador y alcalde, y la decisión del Juzgado Primero Labora de Armenia que ordenó un arresto de tres días contra los dos funcionarios, además de una multa de dos salarios mínimos legales vigentes para cada uno.

La magistrada Adriana del Pilar Rodríguez Rodríguez, ponente de la consulta sobre la decisión del Juzgado Primero Laboral que impuso la sanción, sostuvo en su decisión: “Observa el Tribunal de la foliatura contentiva del incidente de desacato, se echa de menos la notificación en debida forma a los funcionarios implicados en la decisión sancionatoria, actuación que resulta de gran relevancia, si se tiene en cuenta su naturaleza de carácter restrictivo al derecho a la libertad, situación que trasgrede su derecho a la defensa judicial”.

En consecuencia, el Tribunal ordena devolver el expediente al Juzgado para que notifique su decisión, de forma inmediata, a los dos implicados en el asunto. Al terminar la tarde de este lunes, ninguno de los dos había sido notificado. De acuerdo con abogados del gobierno departamental, el expediente debe volver al Tribunal para la consulta de fondo, donde el gobernador y alcalde pueden explicar lo que sus respectivos entes han realizado para cumplir la acción de tutela que los obligó a trasladar la comunidad Yanacona del lote que ocupa hace cerca de 20 años, de propiedad del ciudadano Ramón Jairo Gómez.

La Tutela

La tutela interpuesta por el señor Gómez, con acompañamiento de la Personería Municipal de Armenia, solicitaba el traslado de esta comunidad, los Yanaconas, más un grupo adicional de campesinos asentados en el lote de propiedad privada del ingeniero Ramón Jairo Gómez, pues estaba impidiendo el uso de este bien con fines comerciales y urbanísticos. El juzgado falló en favor del peticionario y ordenó a la alcaldía de Armenia y a la gobernación atender el traslado de estas personas, unas 120 familias a otro lugar, ofreciéndoles vivienda digna.

Tanto el gobierno municipal como departamental realizaron gestiones en varios sentidos. Uno, facilitar el regreso de los miembros de la comunidad Yanacona a sus lugares de origen, los departamentos del Cauca y Nariño, lo que no ha sido aceptado por los indígenas. Así mismo, han gestionado la realización de un plan de vivienda, a través de un lote público del municipio, pero este no se ha hallado en los registros de bienes de la entidad. En cuanto al mejoramiento de sus condiciones de vivienda, servicios de acueducto, alcantarillado, energía, vías y otros en el sitio donde habitan, no ha sido posible porque se trata de un lote privado, donde no se puede hacer intervención pública, so pena de trasgredir la Constitución Política Colombiana.

Incidente de desacato

Al no cumplirse la acción de tutela de trasladar esta comunidad a otro sitio, ofreciéndole vivienda digna, se interpuso una acción de desacato, que es la que se resuelve en el Juzgado Primero Laboral que ordena el arresto al gobernador y al alcalde que, como queda dicho, fue a consulta al Tribunal y este la devolvió pidiendo primero la notificación a los implicados.

Respetuoso de los fallos

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá indicó que su gobierno no ha sido notificado por ninguna autoridad judicial sobre esta medida. El mandatario quindiano se declaró respetuoso de los mandatos de la justicia colombiana y está a la espera del pronunciamiento sobre el fallo por parte del Tribunal Superior del Distrito de Armenia.
Osorio Buriticá dijo que su administración ha trabajado por la institucionalización del departamento y en ese sentido “somos profundamente respetuosos de los fallos judiciales”. Sostuvo que el gobierno departamental demostrará al Tribunal cómo se ha trabajado en este asunto con toda la responsabilidad del caso.