La Procuraduría General de la Nación fijo para el 3 de septiembre la audiencia pública contra el gobernador de Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá (2016 – 2019), y otros tres funcionarios de la administración departamental, por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y la línea de atención 123 por un valor superior a $2.360 millones.

Los otros funcionarios llamados a audiencia son el para entonces secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, hoy director del Departamento para la Prosperidad Social regional Quindío; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-, David Viera Mejía.

Al parecer, en la adjudicación presuntamente se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU.

El Ministerio Público señaló que ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un diez por ciento los costos de ejecución.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta del gobernador Osorio Buriticá como una falta gravísima a título de culpa grave. Los restantes habrían cometido una falta gravísima con culpa gravísima.

Responde el gobernador

El gobernador Carlos Eduardo Osorio dijo que estaba tranquilo, que había sido notificado ayer de la citación a la audiencia y que acudirá como manda la ley. “La Procuraduría hace lo que le corresponde, investigar y nosotros los funcionarios públicos debemos responder por nuestras acciones hasta que queden claras las cosas para quienes controlan. Tenemos la conciencia tranquila, que hemos hecho lo correcto, que esa empresa (ESU) ha realizado el mismo contrato con la nación, con el ministerio del Interior, con muchos municipios en Antioquia y el resto del país”, sostuvo el mandatario. Y agregó: “Nosotros no tenemos ni sentimos una culpa, pero es a los entes de control a los que les toca preguntar y nosotros aclarar. Estamos tranquilos. Hasta que no haya un fallo no emitimos un concepto, sería irresponsable. Estamos confiados en que todo va a salir bien, creo en el estado de derecho”.