Después de 7 años, y luego de recibir las copias de la investigación de la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación le puso el ojo a los responsables del fiasco en que resultó la construcción de un patinódromo en Calarcá, donde se invirtieron $169 millones de pesos, se recibió la obra a satisfacción, pero la misma quedó inservible y nunca se ha utilizado.

La Fiscalía imputó cargos por contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales para los señores Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, exgerente de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, Liliana Valdez Mejía, exalcaldesa encargada de Calarcá y Jesús Alberto Chicaiza, exsecretario de Infraestructura de esta misma municipalidad. La imputación se hizo ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Calarcá, pero no se pidió medida de aseguramiento para los tres implicados.

La historia

En el año 2017, la Contraloría Departamental del Quindío había evidenciado tres hallazgos fiscales en el contrato para la construcción de un patinódromo en el municipio de Calarcá, con incidencia en responsabilidad Fiscal, disciplinaría y penal. La Contraloría inició, para entonces, un juicio de responsabilidad fiscal contra las tres personas a las que ahora se les imputaron los cargos por parte de la Fiscalía, para que devuelvan el dinero objeto del contrato, al tiempo que compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que iniciara una investigación disciplinaria, y a la Fiscalía General para que hiciera lo propio en el caso penal.

La Procuraduría no encontró méritos para abrir investigación disciplinaria, indicando que la obra sí se había hecho. Sin embargo, no analizó que la misma no contó con los diseños y conceptos técnicos para poder ser utilizada.

El hallazgo más importante de la Contraloría fue el de la falta de planeación. Se comprobó que no hubo, en los estudios previos y en la ficha técnica del contrato, un análisis y descripción exacta de lo que realmente se requiere y se necesita para la construcción de un patinódromo. Tampoco hubo un estudio técnico que justificara la construcción de una pista de esta naturaleza en Calarcá.

Sostiene el informe de la Contraloría del 2017 que en la construcción hubo un error técnico, pues se hizo la parte de cemento o concreto, pero no la de rodadura, encargada de proteger las llantas de los patinadores. Sobre este particular, la Federación Nacional de Patinaje dijo dentro de la investigación: "Este tipo de deporte se desarrolla en superficies distintas del suelo, por lo regular de asfalto, hormigón, terrazo o parqué, que a su vez deben tener una capa de rodadura en material plástico, poliuretano, resina sintética, etc., …". Nada de lo anterior tiene la pista que se construyó en solo concreto, enseguida del coliseo del municipio de Calarcá.

En el proyecto tampoco se contó con iluminación ni mucho menos con encerramiento del lugar, dos aspectos fundamentales para la seguridad de los niños y jóvenes practicantes.

Los otros dos hallazgos tienen que ver con la baja calidad de la pintura utilizada en la obra, tanto que no se evidencia su uso, y un sobreprecio en los materiales utilizados.

De manera que la Contraloría consideró que no se cumplieron los fines del contrato 055 del 2014, otorgado al ingeniero Jaime Nolberto Torres por parte de la Promotora de Vivienda del Quindío -Proviquindío-.

Este contrato se hizo en virtud del convenio interadministrativo 01 del 2014 firmado entre la Promotora de Vivienda del Quindío y el municipio de Calarcá para realizar varias obras en esta localidad. En ese convenio, el municipio puso $452 millones y Proviquindio $44 millones. De allí salió el contrato de la pista de patinódromo, 055 de 2014, firmado con el ingeniero Torres por parte del gerente de Proviquindio de entonces, Jhony Alberto Rodríguez Jaramillo, en el gobierno de la señora Sandra Paola Hurtado Palacio.

La obra fue recibida a satisfacción a través del acta de liquidación del 24 de diciembre de 2015, por Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, por Proviquindio, Liliana Valdés Mejía, alcaldesa encargada de Calarcá, y el secretario de infraestructura del municipio Henry de Jesús Alzate Vera, que no fue vinculado por la Fiscalía en la investigación del 2021.

En términos más sencillos, la inversión en el patinódomo, $169 millones de pesos, prácticamente se perdió. Por tal razón la Fiscalía vinculó a las tres personas a la investigación e imputó los cargos mencionados. También se podrían involucrar al contratista Jaime Nolberto Torres y al interventor de la obra Jahir Valverde Jiménez.

Hay que recordar que todas las denuncias sobre este hecho de corrupción fueron elevadas ante la Contraloría, inicialmente y la ciudadanía, por el entonces concejal de Calarcá Guillermo Gómez.