Armenia tiene por lo menos 5.000 predios que no han sido vinculados al sistema catastral del municipio y, por tanto, no pagan el impuesto predial. Además, los cobros que se hacen a los predios que están en el sistema, aparecen por debajo de los aumentos anuales del índice de precios, o la inflación, desde hace 7 años, por tanto están desactualizados, lo que le genera pérdidas al municipio.

En consecuencia, es necesaria una actualización catastral para incorporar los nuevos predios y aumentarle de valor a los viejos, con el propósito de que tributen mucho más. Para tal fin, el concejo municipal de Armenia aprobó este martes 9 de marzo el proyecto de acuerdo 005 por medio del cual se autoriza al alcalde para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias.

En este sentido se aprobó destinar $9.624 millones de pesos para contratar el estudio y la puesta en marcha de la actualización catastral, con recursos propios del municipio de las vigencias 2021 y 2022. Para este año se destinarán $4.624 millones, mientras que para el año entrante serán $5.000 millones.

Los primeros cuestionamientos fueron hechos por la Veeduría Control Quindío, que consideró que el acuerdo del concejo y que faculta al alcalde, se aprobó sin que se le hiciera el estudio, análisis y discusión debidos, considerando que este tiene serias implicaciones para la ciudadanía de Armenia y que los recursos públicos comprometidos ascienden a una suma de dinero demasiado grande.

“El proyecto presentado no tiene el soporte que explique de dónde sale el valor de $9.629 millones de pesos, ni tampoco, de manera concreta, dónde saldrán los $4.629 millones del año 2021 y los $5.000 millones de la vigencia presupuestal del 2022”.

No se acreditaron documentos

Dice la Veeduría Control Quindío: “El proyecto radicado por el alcalde apenas contenía la exposición de motivos y una certificación del Departamento Administrativo de Planeación en donde se hace constar que en el banco de proyectos de inversión municipal se encuentra inscrito y viabilizado el proyecto de acceso y actualización de la información catastral. No se radicaron por parte de la administración los documentos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos legales, huelga decir, la previa aprobación del COMFIS territorial o el órgano que haga sus veces, la apropiación de recursos de la vigencia actual, la certificación de que se ajusta a las metas plurianuales del marco fiscal a mediano plazo, la certificación de contar como mínimo con el 15% de las vigencias futuras en la vigencia que se pretenden autorizar”.

Frente a estas críticas, la Veeduría considera que este proyecto debió ser devuelto para que “se allegara dicha documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos de ley, para que, una vez se radicara nuevamente en la Corporación, se le diera el debate como corresponde”.

La Veeduría critica la posición del ponente en primer debate, por falta de rigurosidad en la revisión de la documentación del proyecto: “Llama la atención que en la ponencia para primer debate se diga que la certificación de apropiación presupuestal para realizar vigencias futuras, el acta del COMFIS Nro. 003 de 2021 y el certificado de Marco Fiscal de Mediano Plazo, serán anexadas. Esto da a entender que se rindió concepto favorable sin contar, en ese momento, con dichos documentos”.

No hubo oposición ni debate

El proyecto de acuerdo recibió la aprobación de los 19 concejales, es decir, no hubo oposición. Sin embargo, dice la Veeduría Control Quindío: “La Veeduría obtuvo información de varios concejales, según la cual ellos no recibieron tales documentos. Consideramos que esta circunstancia les impedía realizar un debate y aprobar el proyecto, toda vez que no tenían certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de ley”.

Un alza inoportuna

Por otro lado, considera la veeduría que un alza en el impuesto predial en estas circunstancias de pandemia, es lo menos conveniente para la ciudad. “En principio, si bien es importante la actualización del catastro municipal, consideramos que esta implicará un alza exagerada en el impuesto predial, lo que en las actuales circunstancias de la pandemia del COVID 19 no parece oportuno que se lleve a cabo, teniendo en cuenta que los ciudadanos de Armenia fueron duramente afectados tanto en sus ingresos como en la estabilidad de los puestos de trabajo”. Y agregan: “No puede pasarse por alto que la ciudadanía todavía está pagando la contribución de las obras de valorización que fueron fruto de un concierto para delinquir”.

Denuncia ante entes de control

“Esta Veeduría pondrá en conocimiento estas irregularidades que se dieron en el trámite del proyecto de acuerdo en el Concejo Municipal de Armenia, para lo de su competencia. Así mismo, anuncia que conformará una comisión especial para hacerle seguimiento a este tema”. El pronunciamiento de la veeduría está firmado por Álvaro Mejía Mejía, Luis Fernando Jaramillo Arias, Luis Fernando Márquez Jaramillo y Gabriel Páez Vélez, integrantes del Comité Coordinador de la Veeduría Control Quindío.

Contrato millonario

Por otro lado, surgieron críticas sobre la contratación para la realización del estudio de actualización catastral. Hasta el año pasado, la única entidad autorizada para hacer dicha actualización era el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que cuenta con toda la información y las herramientas técnicas para realizarlo. A partir de este año, dicho estudio lo puede contratar cualquier municipio con una entidad de carácter privado. Todo indica, según observadores del proceso del acuerdo del concejo, que se hará con un privado, a quien se le entregarán los $9.624 millones para el estudio, sin antes pasar por un proceso de licitación pública.