La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado a John James Fernandez López, quien en su condición de gobernador encargado del Quindío violó las normas de contratación de obras públicas.

Dijo la procuradora que John James Fernández causó grave daño social con la conducta desplegada, por cuanto la sociedad espera que sus autoridades actúen siempre con apego a la ley en el cumplimiento de sus deberes y funciones y cuando se presentan comportamientos contrarios a dicha premisa, los ciudadanos pierden confianza en sus instituciones y se pone en duda el Estado Social de Derecho que los rige.

El ministerio público falló suspendiendo e inhabilitando para ejercer cargos públicos a Fernández López por 10 años, luego de investigación en la que probó que actuando como gobernador encargado, el actual director de la CRQ, transgredió el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, al suscribir convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío, EPQ, y la Promotora de Vivienda del Quindío, Proviquindío, sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar las obras correspondientes.

El apoderado de Fernandez López sustentará su apelación a la decisión mencionada, el jueves 18 de enero a las 2:00 p.m. en Bogotá.