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Región  |  15 enero de 2022  |  12:00 AM |  Escrito por: Administrador web

Gobiernos del Quindío y de Armenia cederían lote a indígenas y campesinos desplazados en cumplimiento a fallo de tutela

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Con el inicio de los trámites administrativos por parte de la Alcaldía de Armenia –representada por su departamento Administrativo Jurídico- y la Gobernación del Quindío –a través de su secretaría de Representación Judicial y Defensa-, se avanza en la legalización de un asentamiento cohabitado por población campesina e indígena yanacona, que se asentaron en un predio del barrio Las Colinas como víctimas de desplazamiento armado.

La secretaria departamental de Representación Judicial y Defensa, Paula Andrea Huertas Arcila, explicó que con estas acciones se le da cumplimiento a un fallo del juzgado Primero Laboral del Circuito el 30 de julio de 2018. “La acción de tutela fue proferida en primera instancia por el despacho, y obligaba a la construcción de un albergue temporal para estas personas, por valor cercano a los 2.000 millones de pesos, que sería ubicado en un lote previsto a futuro para alojar una vía principal del municipio. Sin embargo, por petición de la Personería Municipal de Armenia como accionante, el pasado 2 de diciembre el juzgado que emitió la sentencia de primera instancia decidió modular los efectos de la sentencia y abrió la posibilidad de que tanto el municipio de Armenia como el departamento puedan adquirir la titularidad del lote que ya ocupan”, indicó.

Con esta decisión, los gobiernos municipal y departamental tuvieron acercamientos con los apoderados de los propietarios del terreno, llegando a la conclusión de que su adquisición era viable toda vez se aplicara la normatividad vigente, con lo que se le cederá el dominio del lote a estas familias –que ya cuentan con unidades de vivienda edificadas- para que se pueda dar el desarrollo de obras de Vivienda de Interés Social en su beneficio. “De esta manera evitamos una inversión de recursos inadecuada por parte de los entes territoriales y estamos dando una respuesta adecuada al clamor de la comunidad involucrada”, indicó Huertas Arcila, reiterando que la compra del terreno está supeditado a la autorización que den tanto el Concejo Municipal como la Asamblea Departamental.

 

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