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Región  |  23 febrero de 2018  |  12:00 AM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas

Pizamal: violencia, daño ambiental y pugna territorial. Informe de la Procuraduría

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La Procuraduría General de la Nación descubrió graves irregularidades en el manejo de las tierras de la vereda Pizamal ubicadas en el municipio de La Tebaida adjudicada en el 2006 a tres asociaciones, una de campesinos y dos de reinsertados procedentes de la costa Caribe.

Como se sabe estos adjudicatarios arrendaron parte de los predios al Ingenio Ríopaila desde el año 2008, empresa que adelanta explotación con cultivos de caña de azúcar que han generado problemas ambientales importantes.

La Procuraduría llama la atención sobre la legalidad de las actuaciones generadas en lo que se refiere al caso de Pizamal en donde no se ha ejercido ningún tipo de vigilancia y control por parte de cualquier autoridad administrativa.

El ministerio público desde el año pasado ha venido haciendo requerimientos a la alcaldía de La Tebaida, a la gobernación del Quindío y a la CRQ para que informen sobre las actuaciones adelantadas en relación con la problemática sanitaria y ambiental generada por las plantaciones de caña de azúcar en estos predios.

Para la Procuraduría es evidente que en lo relacionado con estas fincas se trata de un caso estratégico y planeado de control de la población y de la tierra, donde se busca además de usarlas, acumularlas no solo a través de prácticas de violencia sino de estrategias sofisticadas de despojo jurídico.

Todo tiene que ver con cinco predios ubicados en las veredas Pizamal y Maravélez en La Tebaida Quindío, se trata de las fincas Veraguas, La Colonia, Predregales, Gran horizonte y Bello Horizonte, los cuales en el año 2004 fueron objeto de extinción de dominio y un año después, el Consejo Nacional de Estupefacientes los transfirió al Incoder.

Posteriormente en el año 2006 el Incoder los adjudica mediante tres resoluciones a aproximadamente 39 familias, unas sujeto de reforma agraria, y otras vinculadas al proceso de reincorporación a la vida civil integradas por desmovilizados del departamento de Córdoba.

En diciembre del 2008, los adjudicatarios firman un contrato de administración, nombrando una sociedad empresarial denominada Corpomunicipal, este caso llama la atención de la Procuraduría, entidad que cuestiona la validez del contrato, pues se tienen serias dudas sobre las firmas de los adjudicatarios.

Para el ministerio público es sorprendente aún más, que si se miran los trámites con detenimiento, se da cuenta que 3 meses antes de la firma entre Corpomunipal y los adjudicatarios aparece un contrato entre Corpomunicipal y el Ingenio Riopaila, mediante el cual, le entrega materialmente los predios al Ingenio para que este los explote en cultivos de caña de azúcar, la Procuraduría cuestiona la legalidad de este tipo de actuaciones y anuncia la revisión de la normatividad para determinar si se ajusta o no a la ley.

Adicionalmente, llama la atención que de acuerdo con las clausulas establecidas en el contrato, los adjudicatarios recibirían 20 kilogramos de azúcar por cada tonelada de caña cosechada o siempre y cuando se cosechen más de 160 toneladas, sin embargo, de acuerdo con la información recabada por la Procuraduría, las familias están recibiendo un salario mínimo mensual, es decir, ni siquiera lo que debería reportar un proyecto productivo que son dos salarios mínimos mensuales vigentes, en este mismo punto le llama la atención a la Procuraduría que la empresa Corpomunicipal no ha tenido hasta la fecha ningún tipo de vigilancia y control por parte de cualquier autoridad administrativa al menos en lo que se refiere a este caso de Pizamal.

El informe entregado por el organismo de control, agrega que desde 2013 a la fecha, los folios de matrícula inmobiliaria de los cinco predios muestran que una misma empresa ha venido demandando a los adjudicatarios individuales, para embargar sus cuotas partes en el predio, sorprende que se trate de la misma empresa que aparece como demandante en todos los folios de matrícula y que todos estos procesos se están adelantando en municipios y juzgados distintos al departamento del Quindío.

La investigación revela que en 2015 la CRQ hace visitas al predio y determina que existen al menos tres humedales en La Colonia, Pedregales y en Bello Horizonte, la información es verificada en una visita técnica donde el funcionario establece que se encuentran fuertemente intervenidos por un cultivo de caña de azúcar que ha generado graves afectaciones socio-ambientales en los predios, por esta razón la Procuraduría General de la Nación desde el año pasado ha venido haciendo requerimientos a la alcaldía de la Tebaida, a la gobernación del Quindío y a la CRQ para que informen sobre sus actuaciones en relación con la problemática sanitaria y ambiental generada por estas plantaciones.

La PGN con la información documentada también tiene conocimiento de diversas dinámicas de violencia en estos terrenos las cuales pudieron haber estado presentes al momento en que los adjudicatarios llegaron a ellos y que además pudieron haber causado el desplazamiento y abandono de algunas familias beneficiarias.

La Procuraduría ha verificado que hoy no están todos los adjudicatarios en los predios, algunos de ellos salieron con ocasión de este conflicto y a raíz de los hechos de violencia, otros salieron por motivos que están en indagación, en consecuencia, la Agencia Nacional de Tierras adelantó el año pasado un proceso de caracterización de las personas que se encuentran en Pizamal, encontrando que hoy en día pocas familias habitan esas parcelas.

Agrega el informe que en Pizamal se configura un caso estratégico y planeado de control de la población y de la tierra, donde se busca no solo usarlas sino también acumularlas a través de prácticas de violencia y de estrategias sofisticadas de despojo jurídico.

La Procuraduría General de la Nación, cerró el informe entregado a las autoridades y habitantes del Quindío, llamando la atención sobre las afectaciones ambientales que ha generado el cultivo de caña de azúcar, sobre los problemas que para la estabilización socioeconómica de los adjudicatarios ha tenido la celebración de los contratos referidos y de otros problemas relacionados con el cumplimiento de las obligaciones que están alrededor de las resoluciones.

 

* Imagen de referencia / Tomada de internet / EL QUINDIANO

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