La Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de evidenciar un crecimiento de la obesidad mundial entre 1980 y 2014, prendió las alarmas sobre los efectos negativos en la salud que ocasiona el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados; por eso propuso en 2016 a sus países aliados incentivar y crear políticas fiscales que ayuden a reducir el consumo de estos productos para ello algunos países como Colombia, Chile, México, Perú, Estados Unidos, Francia, España, India entre otros, empezaron a implementar impuestos que desincentivaran el consumo.

En Colombia aún son pocos los avances. La investigación periodística ‘Dulce veneno, un fallo sin control’, realizada por estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo del Politécnico Grancolombiano, revela que la reglamentación en Colombia se ha convertido en una turbia realidad, nublada por más preguntas que respuestas, no solo por la escasez de políticas públicas que ataquen este fenómeno, sino también por la participación de congresistas (financiados por la industria) que impiden que se apruebe el proyecto de ley que reglamente el consumo de azúcar y productos ultraprocesados en el país.

La investigación analizó el panorama desde 2016 hasta el 2022, encontrando que en la actualidad las personas de estratos bajos son las que presentan mayores problemas de exceso de peso y obesidad. Esto se debe a que es más asequible para esta población comprar alimentos ultraprocesados y no los alimentos sanos.

“Las últimas cifras reveladas en 2015 se convirtieron en una señal de alarma en el país, ya que 6 de cada 10 personas sufren de obesidad y 1 de cada 4 niños en edad escolar también presenta problemas de exceso de peso; el 81,2 % de los colombianos consumen gaseosas, jugos artificiales o energizantes frecuentemente; el 84 % de los escolares consume una o más de estas bebidas en el día; 6 de cada 10 niños menoress de 2 años tienen una alimentación inadecuada debido a que se les suplementa la leche materna con alimentos ultraprocesados”, explicó el nutricionista Rubén Orjuela para la investigación.

¿Qué ha pasado en Colombia?

Con este panorama, en Colombia varias organizaciones sociales desde el 2016 empezaron a visibilizar esta problemática, con el objetivo de adoptar políticas públicas que promovieran el impuesto saludable y garantizaran el derecho a la salud de los colombianos, mitigando la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, que son consecuencia del consumo excesivo de productos no saludables o nutrientes críticos presentes en bebidas azucaradas, endulzadas y productos ultraprocesados. 

Sin embargo, la respuesta de algunas figuras políticas e industriales no fue positiva, ya que para muchos no es conveniente hablar del impuesto para estos productos que encabezan la lista de responsables de un gran porcentaje de muertes. Por esa ‘conveniencia’ es que en el país solo se han presentado seis proyectos de ley, dos resoluciones y solo un acuerdo de ciudad en el periodo comprendido entre 2016 a 2021 para la reglamentación sobre esta problemática: resolución 3803 del 2016, proyecto de ley 2016, proyecto de ley 2017, proyecto de ley 2019, dos proyectos de ley 2020, resolución 810 del 2021, proyecto de ley 2120 del 2021.

Los investigadores identificaron en esta legislación un patrón que evidenciaba la participación nula por parte del Estado y sus instituciones al momento de reglamentar el consumo de azúcar en Colombia, ya que todos los proyectos anteriormente presentados nunca llegaron a debate, lo que suscitó diferentes cuestionamientos sobre el proceder del gobierno y sus instituciones debido a que no trabajaban en pro de garantizar una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada para los colombianos.

¿Por qué los proyectos de ley no llegan a feliz término?

Desde el año 2016, cuando el debate del impuesto saludable si instauró en la agenda política de Colombia, las industrias colombianas cobijadas por el Estado han usado estrategias para evadir este tipo de proyectos que reglamentan el consumo de alimentos y bebidas no saludables. Las principales estrategias utilizadas son:

Financiamiento de campañas políticas: Grandes empresas financian los procesos y campañas electorales de los candidatos políticos del país, siendo la industria de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados los que más implementan este método, aunque los diferentes sectores de la economía nacional también lo hacen.

Un claro ejemplo de esta estrategia es la evidenciada en la carrera política de Iván Duque Márquez. En 2016, según la plataforma oficial del Consejo Nacional Electoral ‘Cuentas claras’, el entonces senador recibió (junto a sus coequiperos y entonces senadores del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, Susana Correa, María del Rosario Guerra, Carlos Felipe Mejía y Honorio Miguel Henríquez) donaciones para sus respectivas campañas por parte de la industria nacional de gaseosas, Ingenio Manuelita, Riopaila, la Cabaña, Risaralda y Mayagüe, ya que eran los grandes opositores para el debate del impuesto saludable. Para 2018 en las elecciones presidenciales, nuevamente Iván Duque recibió donaciones por 512 millones de pesos por parte de la industria, esto generó que no solo no se incluyeran los impuestos para las bebidas y alimentos ultraprocesados, sino que también hubo una fuerte oposición a este tipo de iniciativas.

Otro caso claro se dio en el 2022, cuando el impuesto saludable se posiciona en la reforma tributaria pero trajo oposición por parte de senadores y representantes a la cámara de los partidos y coaliciones que recibieron donaciones de la industria: La Coalición Centro Esperanza (9 millones), Nuevo Liberalismo (694 millones) y Cambio Radical (2860 millones). No obstante, durante este año los congresistas que más dinero recibieron por parte del gremio fueron los de Cambio Radical, seguidos por el Centro Democrático y el partido de la Unión por la Gente (anteriormente conocido como el partido de la Unidad Nacional).

Por otra parte, cabe resaltar que las industrias que más financian campañas políticas según el registro son: Postobón con 880 millones, Bavaria con 689 millones, Ingenio Manuelita 128 millones, Riopaila 115 millones, Mayagüez 90 millones de pesos, Pichichi 74 millones, Colombina 60 millones, Riopaila 54 millones, Alquería 30 millones, Riopaila agrícola 22 millones y Castilla Agrícola con 13 millones de pesos.

Y aunque el financiamiento de campañas políticas por parte de privados y particulares es legal, no es legítimo ni justo, debido a que se puede evidenciar que hay un claro conflicto de intereses. Por eso dicho tema ha llegado varias veces hasta la Corte Constitucional para que se tome alguna medida legal, pero no se han obtenido resultados positivos, puesto que esta instancia legal argumenta que los legisladores están al servicio del Estado y de los ciudadanos y no al servicio de sus financiadores.

Lobby político o cabildeo: Comúnmente se contratan empresas especializadas que envían a personas capacitadas con técnicas de persuasión para hacer presencia en el Congreso, antes, durante y después de los debates, con el propósito influir en la decisión de las personas en favor de sus intereses económicos. Dicha relación se evidencia entre las instituciones públicas y los gremios privados. Esta estrategia se utilizó para que no se apruebe un impuesto a las bebidas azucaradas o que no se apruebe una ley que regule la publicidad engañosa de los productos ultraprocesados dirigidos a menores de edad, todo a cambio de beneficios económicos.

Dichas empresas contratadas para realizar la operación de cabildeo se presentan como empresas de comunicación estratégica, firmas de abogados o consultoras para no levantar sospechas, entre ellas se destacan Axis, Javier Hoyos Asesores, EConcept, y Valure, pues son las compañías elegidas frecuentemente por la industria para llevar a cabo el lobby dentro del legislativo.

Otras estrategias: Amenazas directas (se usan directamente en contra de las personas que representan a las organizaciones de la sociedad civil con el propósito de amedrentarlos y silenciarlos); captación de académicos o científicos (se encargan de sesgar la información sobre este tipo de problemáticas por eso cuando llega a la sociedad o los estudiantes es un discurso modificado de acuerdo a los intereses de los poderosos); pánico económico y desinformación (hacen que los colombianos crean que el desempleo va a aumentar debido a que las compañías internacionales amenazar con irse del país o los medios de comunicación transmiten el mensaje de que los tenderos se van a acabar); captación de líderes sociales (buscan a las personas vinculadas a la cadena productiva para que se encarguen de poner a la gente en contra de la media de salud pública); responsabilidad social empresarial (realizan limpieza de marca para generar una opinión favorable); y las demandas judiciales (son utilizadas en contra de las personas que no favorecen sus productos al querer regular esta problemática).

¿Cómo está actualmente la reglamentación en Colombia?

Solo fue hasta 2022 cuando realmente se abrió la puerta a un nuevo debate con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro para la aprobación del Impuesto Saludable en el marco del proyecto de ley de 2022 - Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, presentada por el Ministerio de Hacienda, en cabeza de José Antonio Ocampo exministro de Salud.  En esta se planteó un gravamen a los alimentos ultraprocesados que va del 10 % al 20 % entre 2023 y 2025, de acuerdo al precio de los comestibles y el costo con el que se comercialice al público, por eso se cobrará de manera progresiva dependiendo del porcentaje de azúcar declarado en las bebidas. Esto quiere decir que, si un producto tiene más de 5 gramos de azúcar por cada 100 ml, la medida se aplicará.

De ahí la importancia de implementar este impuesto para que se disminuya el consumo de estos alimentos que contienen grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal; y, por el contrario, se incremente el consumo de frutas, verduras, leguminosas y agua, así como la práctica de actividad física diaria para prevenir diabetes, cáncer de endometrio, cáncer de ovarios, cáncer de mama y cáncer de próstata; así como accidentes cardiovasculares, entre otros. Que son consideradas las principales causas de mortalidad en Colombia.