Las tres EPS que anunciaron posible cierre de sus actividades en septiembre por falta de financiación por parte del gobierno, no dijeron que ellos mismas le deben a los hospitales públicos de Colombia $346.596 millones de pesos.

La declaración de estas EPS puso de presente que 13 millones de afiliados estarían en peligro y esto alertó a todos los actores del sector. Desde la óptica de los acreedores, especialmente de los de hospitales públicos, la situación real es que esas tres empresas privadas le deben a los hospitales públicos $346.596 millones (a marzo de 2023).

Sanitas debe a las empresas sociales del estado colombianas $179.433 millones; Sura adeuda $110.742 millones, y Compensar $56.418 millones. La cartera de estas tres empresas no es ni mucho menos de fácil recaudo, porque los atrasos van desde 60 días a más de un año (más de 360 días), lo que demuestra que es necesario que el país conozca la otra cara de la moneda, según dijeron dirigentes de ACESI, la asociación que reúne los hospitales públicos colombianos.

La directora Ejecutiva de la Asociación Colombia de Empresas Sociales del Estado, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, dijo que la historia hay que contarla completa, porque si las EPS se quejan de: “que no se ha logrado una redistribución equitativa de los recursos; pago de las deudas de presupuestos máximos, el valor de la UPC es insuficiente; que las conciliaciones de las deudas del sistema con ellos no han sido posible, y que no cumplirán con los indicadores financieros al finalizar este año, entre otras quejas, lo justo sería mirar las cosas, para ser objetivos, también desde la óptica de los prestadores”, sostuvo.

El gremio de los hospitales públicos, durante muchos años se ha quejado de la inequidad en la interpretación de las normas, que les da a las EPS enormes ventajas sobre las ESE, especialmente en la administración de los recursos, que, para ambos casos, son dineros públicos, pero que varios gobiernos anteriores han expedido decretos y resoluciones en contra de los intereses de los prestadores estatales y a favor de los privados, con la evidente indiferencia de los organismos de control.

Las EPS utilizan estratagemas para dilatar el pago de facturas, utilizando las glosas como herramienta efectiva para envejecer las carteras, hasta el punto de convertirlas en de difícil recaudo. “La pregunta es ¿quién asume estas deudas impagables?, ¿es justo que los balances de los hospitales públicos tengan que ser castigados, generando malas calificaciones por gestión administrativa, por culpa de la irresponsabilidad de las EPS, por el no pago de las facturas?”, advirtió Olga Lucía Zuluaga.

La vocera de las empresas sociales del estado denunció que las negociaciones de muchos contratos de EPS con hospitales públicos violan las normas, porque imponen incrementos, en muchos casos, por debajo del IPC.

Agregó que buena parte de los hospitales públicos atraviesan serios problemas financieros. Muchos han tenido que ser intervenidos y también liquidados.

“Todo lo anterior, con la mirada indiferente del país, por lo que es necesario que la opinión pública conozca la otra cara de la moneda. El resto de la cartera con otras EPS llega a $7,8 billones. Es decir, eso es lo que les deben esas compañías a los hospitales públicos”, puntualizó la directora ejecutiva de ACESI.