La Procuraduría General de la Nación, en decisión de última instancia, revocó la sanción que se le había impuesto al alcalde del municipio de Filandia José Roberto Murillo Zapata, al considerar que su gobierno sí cumplió con la cuota mínima de mujeres en el gabinete municipal. Murillo había sido sancionado con suspensión del cargo por treinta días, en decisión de la Procuraduría Provincial de Armenia, ratificada en segunda instancia por la Procuraduría Regional del Quindío.

En su apelación ante el procurador general, el alcalde Murillo demostró que en la investigación hecha por la procuraduría Provincial no se había acopiado toda la información y, por tanto, carecía de la verdad. La Procuraduría General acogió esa tesis, comprobó que sí se cumplió la ley 581 de 2000 sobre cuotas mínima de mujeres y, por tanto, decidió revocar las primera y segunda instancias de este proceso, liberando al alcalde Murillo de cualquier responsabilidad.

El fallo definitivo firmado por el propio procurador Fernando Carrillo Flórez sostiene: “…como decisión sustitutiva se absuelve de responsabilidad al señor José Roberto Murillo Zapata, tal como se dejó plasmado en la parte motiva de esta decisión…”