En la noche de este domingo 29 de abril, la Fiscalía General de la Nación hizo efectiva la orden judicial de captura de Carlos Mario Álvarez Morales, alcalde de Armenia (2015 - 2019), por su presunta participación en la apropiación de recursos provenientes de los contratos de construcción de vías y puentes que correspondían a obras de valorización para la ciudad.

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En un comunicado emitido a la opinión pública el ente de control explicó el proceso de investigación y los delitos por los que se emitió orden de captura contra el mandatario.

Antecedentes

Con base en confesiones, testimonios y documentos escritos y fílmicos, los fiscales de conocimiento evidenciaron que, en el año 2015, el actual alcalde de la capital de Quindío habría acordado con Francisco Javier Valencia, esposo de la exmandataria de la ciudad Luz Piedad Valencia, que aquel le facilitaría una suma cercana a los $6.000’000.000 para financiar su campaña, dineros que por provenir parcialmente de los contratos de las obras de valorización de Armenia tendrían que ser restituidos al contratista Fernando Diez Cardona, a través de otros contratos que deberían otorgarse por la nueva administración.

Este compromiso habría quedado garantizado con la suscripción de cuatro pagarés por parte del alcalde Álvarez Morales, dos de los cuales fueron entregados voluntariamente por sus tenedores como cooperación con la justicia y se encuentran actualmente en poder de la Fiscalía. La exigibilidad de estos títulos valores estaba condicionada - según rezan los mismos - a que el otorgante - señor Álvarez Morales - ganara las elecciones a la alcaldía.

Por lo demás, dos de las cuatro personas que suscribieron los pagarés ya fueron interrogadas por la Fiscalía y en su declaración aceptaron haber firmado los títulos valores en compañía del actual alcalde de Armenia, para garantizar que el mandatario procedería a saldar sus compromisos dinerarios mediante la adjudicación de nuevos contratos.

En el curso de las indagaciones se pudo conocer que, ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del alcalde de la ciudad, una firma de abogados inició el cobro de uno de los títulos valores. La financiación de una parte de la campaña del alcalde se habría cubierto con recursos del anticipo del contrato de obras por valorización celebrado en la administración de Luz Piedad Valencia. La segunda parte de la campaña, supuestamente fue financiada con créditos bancarios tomados por el actual alcalde, con préstamos personales y sobregiros, sumas que habrían sido saldadas con recursos provenientes del anticipo del segundo contrato de valorización, desembolsado por el alcalde Álvarez Morales.

Al efecto obran en el expediente de la Fiscalía recibos de consignación efectuados por terceros para saldar los créditos bancarios, aportados al proceso por uno de los testigos.

La Fiscalía ha podido establecer que el acuerdo entre quienes financiaron la campaña y el alcalde de Armenia, presuntamente, se pactó en agosto de 2015, dos meses antes de la elección popular del actual alcalde de Armenia.

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‘Díez... por Ciento’ Fase III

La captura de Carlos Mario Álvarez Morales hace parte de la tercera fase de la operación ‘Díez... por Ciento’, investigación iniciada por la Fiscalía con la vinculación de 12 personas más, entre ellas la exalcaldesa Luz Piedad Valencia y su esposo Francisco Javier Valencia Salazar, hoy detenidos en el búnker de la Fiscalía.

El fiscal competente decidió imputar al alcalde capturado, en el día de hoy, los siguientes delitos:

• Lavado de activos.

• Peculado por apropiación.

• Interés indebido en la celebración de contratos.

• Concierto para delinquir.

La investigación continúa en esta fase hasta establecer la participación de todas las personas que habrían intervenido en la defraudación de los dineros de la contribución de valorización, con fines de aprovechamiento personal y la financiación de campañas políticas.

De igual forma, la Fiscalía avanza en los estudios que conduzcan a la extinción inmediata del dominio de los patrimonios ilícitos producto de la corrupción. Para este efecto, todas las personas imputadas hasta la fecha carecen de poder dispositivo sobre sus bienes, por el término de un año.