En la actualidad cursan 29 demandas relacionadas con la valorización en Armenia de las cuales seis corresponden a procesos de nulidad simple, es decir, persiguen únicamente que se anulen los Actos Administrativos que sustentan la valorización y que se relacionan con el Acuerdo aprobado por el concejo de Armenia y los expedidos por el gobierno de esta capital en el ejercicio de las facultades otorgadas por el Concejo.

La directora del Departamento Administrativo Jurídico del municipio Sandra Herrera explicó que de las demandas de simple nulidad, a la fecha se cuenta con tres que niegan las pretensiones, una de ellas en primera y segunda instancia, es decir, el Tribunal Administrativo confirma la decisión de primera instancia.

Solicitan nulidad

Agregó que se tienen 23 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que se relacionan con la contribución individual de valorización, es decir, todo ciudadano inconforme con la liquidación que le hicieron, acude al control jurisdiccional correspondiente, solicitando la nulidad de los actos en los que se fundamenta el cobro de valorización y adicionalmente, el restablecimiento de su derecho, bien sea, por la modificación de la liquidación, la exoneración o cualquier otra posibilidad.

De estas demandas, en algunos eventos la administración municipal ha detectado que efectivamente se han equivocado en la liquidación de la contribución y en esos casos, a través de Comité de Conciliación y Defensa Judicial se ha ofrecido la revocatoria directa y modificado las liquidaciones para que queden ajustadas a derecho.

Vigente

El gobierno municipal seguirá defendiendo la contribución de valorización, la cual se encuentra vigente, tiene presunción de legalidad y la administración está obligada a su aplicación, mientras que los ciudadanos deben contribuir al pago de la misma señaló la abogada Sandra Herrera.

Finalmente manifestó que en la actualidad no se cuenta con la notificación de ninguna demanda adicional, posterior a la ocurrencia de los hechos que investiga la Fiscalía que pretenda la nulidad de los actos administrativos de valorización, ni tampoco demanda constitucional sobre el particular.