Aunque en el último año han ocurrido cambios positivos en el mundo, en términos de avances hacia la democratización o la estabilización de algunas sociedades, o por el retorno de un orden democrático y favorable a las libertades, en otros países la destrucción del Estado de Derecho y la consolidación del totalitarismo se han acelerado.

Entre tanto, Nicaragua y Venezuela van en la dirección contraria: las dictaduras orteguista y chavista han conseguido atornillarse en el poder, en un proceso similar de disolución de las instituciones, represión de las libertades económicas, civiles y políticas de los ciudadanos, estatización de todos los ámbitos de la vida social y supresión del debate político. En Nicaragua, las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosa Murillo, que iniciaron el 18 de Abril, se han saldado con más de 350 personas fallecidas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, o en ejecuciones por parte de organizaciones paramilitares, de acuerdo con los reportes de organismos como la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a movimientos y líderes de oposición. Las manifestaciones en Managua, Masaya, Diriomo, Niquinohomo y Diriá, como las de Venezuela en 2017, también multitudinarias, persiguen el mismo objetivo: el fin de la dictadura. Sin embargo, los gobernantes del mundo democrático no han despertado y parecen sustraídos de la realidad, pues solo hacen llamados a la concertación, al diálogo y al entendimiento entre las partes.

Desde afuera perciben a las partes como iguales, establecen una equidistancia moral y política entre éstas, para evitar comprometerse con una solución seria y definitiva. Con la habitual tibieza que caracteriza a los líderes europeos y a los oficiales de organizaciones intergubernamentales como la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, se limita a expresar que la situación de Nicaragua está pasando de mal a peor, como ya en tragedias anteriores lo han hecho sus homólogos.

En el decenio de 1990, los conflictos violentos sucedidos en Ruanda, República Democrática del Congo y otros países africanos, condujeron a la muerte de cientos de miles de civiles. Solo en Ruanda, en 1994, fueron asesinadas 800.000 personas, pero en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas hicieron esfuerzos ingentes para omitir cualquier referencia al genocidio. Ya en ese tiempo se puso en evidencia el fracaso de los estados y su incapacidad para resolver problemas contemporáneos como la violencia intraestatal. No obstante, en el conflicto de Sierra Leona la experiencia fue diferente: después de que la guerrilla del Frente Revolucionario Unido prácticamente tenía controlado el país, la intervención de Executive Outcomes, una compañía militar privada sudafricana, puso fin al asedio terrorista y restableció el orden. Trescientos cincuenta efectivos de EO derrotaron a alrededor de diecisiete mil integrantes del FRU, logrando lo que la comunidad internacional fue incapaz de hacer. Esta lección podría aplicarse a nuestra época, como lo plantea Peter Singer en Guerreros Corporativos: El Ascenso de la Industria Militar Privatizada (Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry), y organizaciones del corte de Executive Outcomes, dominantes en el mercado actual de la fuerza privada, con la experiencia, recursos y capacidad logística suficiente, conseguirían en tiempo record poner fin a tiranías como la de Daniel Ortega o Nicolás Maduro. Por ahora, todos seguirán pasivos o invitando a la celebración de elecciones anticipadas.

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