La Procuraduría General de la Nación realizará hoy la audiencia pública contra el gobernador de Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá (2016 – 2019), y otros tres funcionarios de la administración departamental, por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y la línea de atención 123 por un valor superior a $2.360 millones.

Los otros funcionarios llamados a audiencia son el para entonces secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, hoy director del Departamento para la Prosperidad Social regional Quindío; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-, David Viera Mejía.

Al parecer, en la adjudicación del contrato para la implementación de las cámaras de seguridad del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y la línea de atención 123, se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU.

El Ministerio Público señaló que ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un diez por ciento los costos de ejecución.

El principal lío que enfrenta el gobernador hoy ante la Procuraduría no es solo que el contrato se otorgó sin licitación pública y el ganador del mismo buscó un tercero para la ejecución del mismo, sino que todo tiene conexiones con los mismos contratistas de la valorización de Armenia, que tiene en la cárcel ya a cerca de ocho personas, entre los que se cuentan la exalcaldesa Luz Piedad Valencia, su esposo Francisco Valencia, al exalcalde Carlos Mario Álvarez y a uno de los ganadores de las licitaciones de valorización, el señor Hernán Moreno Pérez.

Un mes después de firmado el contrato entre la gobernación y ESU, este subcontrató la ejecución de las obras en cinco municipios del Quindío con la empresa Furel S.A, cuyo representante legal y propietario es el señor Moreno Pérez, socio de las empresas que acometieron las obras de valorización en Armenia y que pagaron una coima de entre el 10 y el 15% por habérseles otorgado.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta del gobernador Osorio Buriticá como una falta gravísima a título de culpa grave. Los restantes habrían cometido una falta gravísima con culpa gravísima.

El gobernador Carlos Eduardo Osorio ha manifestado que está tranquilo y que atenderá las preguntas de la Procuraduría con toda la responsabilidad que le caracteriza. “Nosotros no tenemos ni sentimos una culpa, pero es a los entes de control a los que les toca preguntar y nosotros aclarar. Estamos tranquilos. Hasta que no haya un fallo no emitimos un concepto, sería irresponsable. Estamos confiados en que todo va a salir bien, creo en el estado de derecho”, ha dicho el mandatario seccional.

El fallo de la Procuraduría no se conocerá hoy, pero se espera que salga antes de quince días. Los implicados podrán apelar de la decisión de ser desfavorable, ante la misma Procuraduría.