El procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial Germán Calderón España aplazó la audiencia verbal que estaba prevista para hoy en Bogotá contra el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá y tres personas más, tras una petición de anulación de la misma por parte del abogado defensor del mandatario Fabio Peláez.

El defensor solicitó que se anulara la audiencia verbal y se reiniciara todo el proceso, por la vía ordinaria y no por la acción extraordinaria de la audiencia verbal. Argumentó que había falta de competencia para que se hiciera por este procedimiento, pues se halló una presunta indebida tipificación de la falta y, por tanto, el proceso debe ser ordinario y no verbal.

Ante esta petición el procurador Calderón España decidió aplazar la audiencia para el próximo 12 de septiembre, donde definirá si acepta los alegatos del abogado defensor Fabio Peláez y anula todo el procedimiento para arrancar de nuevo por la vía ordinaria, o, si por el contrario, no acepta la petición y continúa con la audiencia verbal, es decir la vía extraordinaria que es más rápida.

La Procuraduría General de la Nación había llamado al gobernador a audiencia pública por presuntas irregularidades en un contrato para la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES- y la línea de atención 123 por un valor superior a $2.360 millones. En el caso están implicaos también el para entonces secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, hoy director del Departamento para la Prosperidad Social regional Quindío; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-, David Viera Mejía.

Según la Procuraduría, en la adjudicación del contrato se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU.

El Ministerio Público señaló que ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un diez por ciento los costos de ejecución.