Por Jhoan Felipe López

“Sangre que le botó, sangre de mis hermanas, sangre de mi sobrina” decía una de las mujeres indígenas frente a una cámara de celular mientras el operativo policial avanzaba[1].

No sólo el diminuto virus COVID-19 avanza en Colombia y en particular -especialmente en los últimos días- en el Quindío, sino también, otros tipos de virus siguen sin pausa y fortaleciéndose cada día más. Me refiero, por un lado, al virus que multiplicó el hambre en los estómagos de las personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza[2], y por el otro, al virus que no media, que violenta, que da garrote, bolillo y hiere a mujeres y niñas: el virus de la violencia ilegítima, ilegal y estructural que ejercen las instituciones del estado contra personas y comunidades en situación de vulneración, especialmente contra las comunidades indígenas y las mujeres.

Son instituciones que, pese a conocer que existen protocolos especiales con enfoque étnico, de género y de derechos humanos para la mediación, antes que el uso de la fuerza, los desconoce y de manera ilegal e ilegítima violenta, pisotea, arrastra y detiene a mujeres y hombres de la comunidad Embera.

Sí, me refiero a Dulia, a Luz Mila en estado de embarazo, a Milton, y a las otras mujeres, niñas y hombres indígenas que fueron violentadas/os el pasado 24 de julio por la policía en el centro de Armenia, mientras danzaban tratando de buscar dinero para mitigar el hambre en sus estómagos. Entre otras cosas, violencia auspiciada -por acción u omisión- por la alcaldía de Armenia[3].

Esta comunidad indígena hace parte de diez familias que llegaron al barrio La Secreta desplazadas por el conflicto armado hace diez años, posteriormente fueron desalojadas de dicho barrio. En la actualidad viven –bajo condiciones de extrema pobreza- en el barrio Miraflores, es decir, en su confinamiento no pueden garantizar las condiciones mínimas de reproducción de la vida. En consecuencia, son múltiples las discriminaciones que sufren: son indígenas, mujeres, menores de edad, desplazadas y en situación de pobreza extrema, a todas luces una población en condiciones de especial protección.

Así las cosas, vemos como la pandemia además de cobrar vidas y de ser un tema epidemiológico sin precedentes, resultó siendo el escenario propicio para las violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones del estado contra aquellas/os que han sufrido el rigor de las violencias estructurales históricamente. También, ha demostrado que la violencia además de ser estructural es un asunto que llevamos en las pieles y que ejercemos como único recurso en los territorios personales, colectivos y simbólicos.

De ahí la necesidad de cultivar el deseo -y su dimensión política- de pensar y construir sociedades otras, entretejer subjetividades, es decir, construir la materialidad del deseo de otra vida en el presente. Radicalizar la lucha por la defensa de los derechos humanos de las/os excluidos, de las/os empobrecidos/as, de todas/os aquellos/as que habitamos el sur global, en últimas, radicalizar la lucha por la justicia social.

No nos queda sino los repertorios cotidianos de acción colectiva, rechazar la gestión miserable de quienes gobiernan y toman decisiones de política pública en favor de unos pocos/as y en contra de muchas/os y finalmente reforzar nuestras capacidades de defensa de los derechos ganados históricamente.

Así pues, como ciudadano no me cansaré de exigirle a la admiración una política rigurosa de paz y de derechos humanos en Armenia y la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Paz, espacio natural y esencial –luego de la firma del acuerdo de paz- para tramitar conflictos y prevenir violaciones a los derechos humanos como el perpetrado por la policía y la alcaldía el pasado 24 de julio contra las mujeres indígenas del pueblo Embera de Armenia[4].

[1] Ver en: https://www.facebook.com/cubuntucolombia/videos/318893329486205

[2] Se estima que en el año 2020 la pobreza en Colombia aumentará de 26,9 % al 38% y la pobreza extrema del 7,4% al 11,3%. Ver en: https://www.dinero.com/economia/articulo/impacto-del-coronavirus-en-la-pobreza-de-colombia/294221

[3] Cabe resaltar que si de cumplir los protocolos de garantía de derechos de menores de edad indígenas se tratara –situación que respaldo con ahínco como ciudadano y defensor de derechos humanos- el procedimiento de la fuerza pública tuvo que garantizar los enfoques diferenciales étnicos y de género y en ningún caso violentar haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, así como lo indica el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana. Para eso existen instituciones como ICBF, autoridades indígenas, secretaria de familia, defensoría del pueblo, etc., que de manera interseccional y coordinada deben abordar dichos conflictos.

[4] Así como lo solicitaron organizaciones defensoras de derechos humanos en carta enviada a la Alcaldía de Armenia el 17 de julio de 2020. Ver en: https://www.facebook.com/cubuntucolombia/photos/pcb.1219605648372773/1219605605039444/