Por Jhoan Felipe López
Iniciando el 2021 me enteré de la captura de John Fredy Zapata Garzón –alias “Messi” o “Candado”- integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. Dicha acción se hizo en el marco de la operación Talit que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en la cual hubo intercambio de disparos entre la DIJÍN y el anillo de seguridad del narco; todo esto en zona rural de Filandia Quindío[1]. Las declaraciones a la opinión pública local y nacional por parte del gobernador del Quindío y del comandante departamental de Policía, han brillado por su ausencia.
Este poderoso miembro de las AGC, estructura que hace presencia en todo el territorio nacional, presuntamente ha lavado desorbitantes cantidades de dinero del narcotráfico usando empresas fachadas relacionadas con la construcción, finca raíz, hotelería, ganadería y estaciones de servicio en el eje cafetero. Sumado a ello, y según información de El Tiempo e Infobae, tiene conexión con una empresa de producción y exportación de aguacate hass en Quimbaya Quindío[2] y con la empresa Agromaderas Zagar la cual hace presencia en Pereira y Armenia[3]. Adicionalmente, se adelanta una investigación que podría determinar vínculos de esta persona con campañas políticas de la región del eje cafetero[4].
La gravedad de este hecho me obliga a plantear tres elementos de debate los cuales expondré en esta columna. El primero, tiene que ver con la histórica presencia de grupos paramilitares y grupos herederos del paramilitarismo en el departamento. El segundo, el lugar de refugio que ha representado Filandia Quindío para capos del narcotráfico y miembros de estructuras criminales que siguen haciendo presencia en el departamento. Y el tercero, la presunta conexidad entre este narcotraficante y empresas productoras de aguacate hass en Quimbaya.
Así pues, en primer lugar, organizaciones sociales, campesinas, medioambientales y defensoras de derechos humanos del Quindío denunciaron en el año 2015 asesinatos sistemáticos contra campesinos en los municipios de Génova y Pijao. También, denunciaron abandonos y quemas de fincas junto a extorsiones contra la población civil, sumado a la alta concentración de tierras, la presencia de hombres armados en las veredas y el incremento del consumo de alucinógenos en la población especialmente en Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes NNAJ. Lo anterior, produjo la Alerta Humanitaria en defensa de la Vida, el Agua y el Territorio.
En consecuencia, el Sistema de Alerta Tempranas de la Defensoría del Pueblo produjo el informe de riesgo número 024-15 del 15 de noviembre del 2015 en donde se evidenció el riesgo al que NNAJ estaban expuestos producto del reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales como los Rastrojos, las AGC y otras organizaciones de naturaleza criminal. A su vez, ratifican la presencia de dichos actores armados en municipios cercanos como Caicedonia, La Tebaida, Calarcá y Armenia.
En segundo término, el periodista Juan Diego Restrepo en Revista Semana en el año 2016 denunció la presencia del paramilitar Jorge Alberto Rojas integrante de los “Los Doce Apóstoles” en una finca del municipio de Filandia, quien, según investigaciones en ese momento, tendría vínculos con el hermano del ex senador Uribe, Santiago Uribe Vélez[5]. Cuatro años después, capturan a alias “Messi” en otra finca en la zona rural del mismo municipio.
Y, por último, en las investigaciones que se adelantan en el marco de la operación Talit, habría un vínculo entre dicho narcotraficante, quien posee una fortuna de $4 billones de pesos, con una empresa productora de aguacate hass en Quimbaya y con la empresa comercializadora de muebles denominada Agromaderas Zagar. Así pues, según el reporte de El Tiempo, este poderoso criminal presuntamente lava dinero del narcotráfico no sólo con empresas de bienes raíces, de construcción, estaciones de servicio y de turismo en diversas partes de eje cafetero, sino con la exportación del promisorio aguacate hass. Es así como, herederos del paramilitarismo controlan negocios del narcotráfico y se esconden en fincas del Quindío, región en la que se sienten seguros y traquetean con diversos negocios.
En conclusión, el discurso negacionista de sectores de gobierno, gremiales y sociedad civil en el Quindío sobre las dinámicas del narcotráfico, de la guerra y de la violencia política en el departamento se cae por su propio peso. Por esta razón, hoy más que nunca como defensores/as de derechos humanos, ambientalistas, víctimas, sindicalistas y sociedad civil en general, debemos avanzar en la exigencia de la implementación integral del Acuerdo de Paz en la región, de sus mecanismos para la protección de la vida de quienes defendemos los derechos humanos y del fortalecimiento territorial de las instituciones que promueven el esclarecimiento de la verdad y la justicia transicional para la construcción de una paz estable y duradera. Por más desalentador que resulte el panorama, no desfallezcamos en este esfuerzo colectivo, la paz es el camino.
[2] Ídem
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