Gilberto Zaraza Arcila

Como ha sido costumbre cada que hay elecciones para elegir un nuevo congreso, con cinismo y desfachatez aparecen los mismos  de siempre que han estado en el poder como gobernantes o congresistas, y que son culpables del desprestigio y pérdida de credibilidad de las instituciones; como adalides del cambio, de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. 

Solo llegan a gobernar y legislar para favorecer sus mezquinos intereses personales, de su clientela política y de la clase privilegiada del país. Y  en contra de los intereses de sus electores y de la mayoría de la población colombiana, hoy sumida en el desempleo, la informalidad, la pobreza y la miseria.

Estos candidatos son avalados por los partidos tradicionales más corruptos. Cambio Radical,  Liberal, partido de la U y Centro Democrático. Violando las leyes que impiden a los gobernantes participar en política, es  rutinario que éstos intervengan de manera abierta y descarada, -más ahora que suspendieron la ley de garantías electorales- , vinculando  a cientos o miles de contratistas para hacer proselitismo a favor de sus candidatos.

Es vox populi que el Gobernador tiene como su candidata predilecta a Piedad Correal Rubiano,  y  el Alcalde de Armenia o más bien su mecenas Cesar Augusto Pareja impuso como candidato al exalcalde de Quimbaya John Edgar Pérez. Prácticamente se convierten en sus jefes de debate, les direccionan toda la maquinaria electoral de empleados y contratistas y la exigencia de 10 o 20 votos más, so pena de perder el empleo o contrato.

 El senador  caldense Mario Castaño, logró imponer a su candidata Sandra Viviana Aristizabal, que cuenta con el apoyo de la condenada penalmente por el latrocinio de valorización Luz Piedad Valencia. Y la baronesa electoral  Dilia Francisca Toro, incluyó dentro de su terna a Eduardo Orozco, exsecretario de gobierno y  gerente de la campaña del destituido y expresidiario Carlos Mario Álvarez, a  Margarita Ramírez y al excongresista Javier Ramírez  Mejía, que fueron secretarios de despacho, en la actual cuestionada alcaldía de Toto.  

Por sus vínculos con la clase política tradicional que ha saqueado el departamento  durante los últimos 20 años,  estos desvergonzados no merecen  el apoyo ciudadano. Pero con cinismo e hipocresía se presentan como personas honestas y comprometidas con el cambio, la lucha contra la corrupción y la defensa de las clases populares.

 Es viral el audio de Piedad Correal excandidata a la alcaldía, reconociendo el constreñimiento electoral a su favor, que desde la alcaldía le hacían Sandra Viviana Aristizabal y Oscar Castellanos.  También causó escándalo la incautación de  cerca de 50 millones en efectivo, en la calle, el día 24 de octubre del 2015, en vísperas de elecciones regionales, al alcalde John Edgar Pérez. Lo que generó demasiadas sospechas por la frecuente practica de compraventa de votos.

Estos indignos candidatos son los más opcionados a ocupar las 3 curules de la Cámara de Representantes, por el apoyo de las maquinarias políticas y por el enorme respaldo económico, sin claridad sobre su procedencia. Además, no tienen sentido de pertenencia por la región. Todos apoyan a candidatos al senado de otros departamentos, cuando el Quindío podría elegir mínimo 2 senadores.  Ningún quindiano que tenga dignidad y amor por su tierra debe  votar por ellos. Hacerlo, es seguir apoyando la corrupción. Si en Colombia existiera justicia independiente, oportuna y proba, los 3  posiblemente habrían sido condenados  y estarían inhabilitados para aspirar al congreso.  Delinquir si paga.

Y Javier Ramírez cambia de partido, como cambiar de camisa. Aspira a todo a  cambio de un puesto. Ha trabajado para las administraciones más corruptas. La  gobernación de Sandra Paola Hurtado y la alcaldía de Toto. Estos candidatos no tienen vergüenza, ni dignidad, para presentarse ante la opinión pública como alternativas diferentes, a solicitar el  respaldo ciudadano.

Además, las campañas se volvieron una competencia económica desigual,  violan los topes electorales, las restricciones en materia de publicidad, incurren en compra de votos y constreñimiento electoral, etc. Ante lo cual los aspirantes alternativos no tienen ninguna posibilidad de elección.  Todo esto pasa porque los corruptos están blindados. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría están politizadas y  ante pruebas tan contundentes no actúan. Definitivamente, acabaron con la democracia, se  perdieron los valores, no hay moral, ni ética.   En la próxima columna analizaré el resto de listas y candidatos.