Aldemar Giraldo Hoyos

Segunda parte

En la columna anterior hice alusión a los costos humanos de la guerra: muchos muertos, muchos desplazados, muchas viudas, muchos huérfanos, muchos hogares destrozados, muchos lisiados; un alto costo que pagan los soldados y los guerrilleros que la pelean y los civiles que la sufren.

Según el Boletín Técnico Interactivo (2018), “Por más de seis décadas, el conflicto armado colombiano ha generado costos económicos para el país y la sociedad. Costos directos, relacionados con los gastos en defensa y seguridad, asociados a la destrucción de infraestructura, costos de capital físico y costos del capital humano, aquellos relacionados con la pérdida de productividad por muerte prematura o discapacidad. También se destacan los cambios en comportamientos individuales, asociados al aumento de la disponibilidad a pagar por mantener la vida, en el caso de los secuestros y las extorsiones”.

Según la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 1985 y 2021, el conflicto armado en el país afectó a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes, a través del desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual, entre otros.

Los estudios económicos hacen alusión a muchos billones de pesos, dato significativo que ocasiona alteración productiva de nuestro país; la guerra no solo afecta al crecimiento económico, sino que también altera la estructura de los sectores productivos de nuestra nación, tanto en forma directa como indirecta.

No creo necesario insistir en consecuencias de los enfrentamientos a través del tiempo; la violencia genera más violencia, una espiral que nos envuelve y nos anestesia. Ante una situación como la expresada a través de los párrafos anteriores, creo necesario replantear la posición del Estado frente a los grupos alzados en armas; es claro que estos se han expandido a otras regiones y tienen gran participación en economías ilegales; urge mirar en qué momentos se encuentran estas organizaciones guerrilleras; cuáles son sus dinámicas internas y trayectorias recientes; no se puede abandonar la posibilidad de reactivar el diálogo si se quiere superar el conflicto armado. Imposible cerrar la puerta a una salida negociada; algunos grupos armados tienen una dimensión política y social que desconocemos; además, pueden ser factores de desestabilización.

No queremos más guerra; nos ha hecho mucho daño. La paz no es de un partido o sector político; nos pertenece a todos; la tenemos que buscar sin sembrar más violencia. Como decía mi abuela: “Más vale morir en paz que vivir en guerra”.