Actores involucrados en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes se reunieron durante dos días con el propósito de buscarles cobertura en educación.

En el encuentro se realizó un diagnóstico de la situación a nivel educativo y quedó establecido que se brindará acompañamiento a aquellos jóvenes que tienen una medida o sanción no privativa de la libertad y están bajo tutela de los operadores del Icbf. Los menores serán atendidos en los establecimientos educativos que queden más cerca de las sedes en donde funcionan los operadores.

“En la reunión, la secretaría de Educación ratificó su disposición y compromiso de prestar y restablecer el derecho educativo a estos jóvenes. La intención es hacerlo en los términos normativos que reglamenta el decreto 2383 del 2015. Así brindaremos un proceso educativo basado en una estrategia que sea pertinente y que ayude a estos jóvenes a reconstruir y a dimensionar su proyecto de vida y que aporte en procesos de vinculación positiva de estas generaciones a la sociedad”, expresó Patrick Ernesto Alfonso, de la subdirección de Permanencia del ministerio de Educación.

El funcionario explicó que con este tipo de procesos se apunta como primera medida a garantizar un derecho fundamental de los jóvenes y es continuar con su proceso de formación y que esta sea pertinente a sus condiciones. “Que tengan características propias de su aprendizaje y un enfoque restaurativo para que se garantice la no reincidencia y comisión de transgresiones al código penal”, dijo.

Para el secretario de Educación Luis Antonio Cobaleda Garay este propósito solo se logra si todas las entidades involucradas con estos jóvenes trabajan articuladas. “Solo así podremos para lograr se realice un restablecimiento integral de derechos”, manifestó.

En la jornada quedó definido el plan de acción conjunto, entre el Icbf dirección regional y secretaría de Educación, a través del cual se garantizará la prestación de servicio educativo para esta población.